Editorial publicada en EL DIARIO - BOLIVIA

No a la intolerancia

En los días previos al cierre de la campaña para los referendos autonómicos de Pando y Beni, surgieron grupos de apoyo a esa consulta popular y otros en contra, porque en un estado de derecho se debe respetar el derecho a disentir que tienen todas las personas sin distinción de clases, credos políticos o religiosos. Lo que está mal es que las fracciones encontradas quieran imponer con violencia sus criterios, además de hacer amenazas que dañan el proceso democrático en el país. Que esas consultas sean legales o ilegales corresponde definirlas a las autoridades correspondientes, mientras tanto, para que no surjan agresiones físicas los líderes de esos movimientos políticos y sociales, deben controlar a sus seguidores, para que no cometan excesos.

Desde la convocatoria y realización del referendo autonómico en Santa Cruz, las posiciones del Gobierno y el partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo, y de las Prefecturas de ese Departamento y de Tarija, Beni y Pando, además de los partidos de oposición y los respectivos comités cívicos, se han radicalizado. Los primeros no están de acuerdo con esas consultas a las que las califican de ilegales, en tanto los segundos sostienen que fueron los ciudadanos en cabildos quienes aprobaron la consulta autonómica, por lo tanto no están fuera de la Ley. En todo caso se tiene que respetar la voluntad popular.

En ocasión del referéndum en Santa Cruz, realizado el 4 de mayo pasado, surgieron posiciones en contra de esa consulta popular y algunos ciudadanos se negaron a instalar las mesas de escrutinio, llegando a agresiones físicas. Pero no era necesaria esa forma de actuar por tratarse de un acto voluntario y el que participa puede expresar mediante el voto su aprobación o su rechazo absteniéndose o votando nulo o blanco. De nada sirve recurrir a amenazas, agresiones físicas y verbales, arriesgando sus propias vidas y las de sus contrincantes. Para la sociedad es importante conocer las cifras que arroje el escrutinio.

En los últimos días grupos afines al Gobierno han anunciado que no permitirán la realización del referendo autonómico y amenazaron con el bloqueo de caminos y carreteras para evitar que el material electoral llegue a destino, como también se opondrán a la utilización de los recintos escolares. Recurrir a amenazas e intimidaciones hace ver que no quieren que se realice la consulta porque temen que sus oponentes ganen, como ocurrió en Santa Cruz. Por lo tanto el evento tiene que desarrollarse civilizadamente, con respeto y consideración al contrincante, a todas aquellas personas que piensan distinto.

También a los sectores de la sociedad que apoyan la realización del referéndum autonómico les corresponde actuar correctamente, evitando los enfrentamientos con los adversarios. Los electores son los encargados de defender su voto y controlar para que la consulta popular se realice en las mejores condiciones. Esperamos que en los recintos electorales no se exalten los ánimos ni se pierda la cordura, siendo importante no responder a las provocaciones que puedan surgir de grupos interesados en hacer fracasar las dos consultas.

El deseo de quienes son respetuosos de la voluntad y opinión ajena es que los dos referendos se realicen con normalidad, que se respete al adversario y se reconozca el resultado. Si bien las fuerzas policiales no participarán en el evento, no tienen que dejar de estar atentos y prestos para controlar los enfrentamientos que pueden darse, cuya misión es garantizar la seguridad interna y de las personas.